El bicentenario español

Al grito de «¡Viva la Pepa!» el gracejo andaluz saludaba la promulgación de la Constitución de 1812. La aclamación popular no era para menos: aquella Carta Magna —la tercera en el mundo, tras la estadounidense y la francesa— les reconocía como ciudadanos, sujetos de derechos en una forma nueva de estado. Hay ocasiones en que las efemérides son beneficiosas para recordarnos que hay cosas que no siempre han sido como son; y de paso, detenernos en ver lo que supusieron en su momento y cuáles serían los retos equivalentes hoy. Desde esta perspectiva abordamos este artículo. De súbditos a ciudadanos Se ha celebrado el bicentenario de la convocatoria (1 de enero de 1810) y apertura (24 de septiembre de 1810) de las Cortes que dio inicio al proceso constitucional que culminó el 19 de marzo de 1812 con la promulgación de la comúnmente conocida como Constitución de Cádiz o de 1812, y más popularmente como «la Pepa». Se subraya así la conveniencia de celebrar no sólo el final de los procesos, sino también su inicio. Para que las cosas sean, alguien o algunos han tenido que tener la intuición y el coraje de que así conviene que sea. Y echar a rodar las cosas. En este caso, lo hizo el movimiento juntero, ante el descrédito y poca determinación de las instituciones vigentes respecto a la invasión francesa, y sintiéndose legitimado por el movimiento popular. Los junteros promovieron la creación de juntas locales que se convirtieron en provinciales, y culminaron en la Junta Suprema Provincial y luego, Central, que fue la que convocó las Cortes, presididas por un muy anciano Floridablanca. De fondo, una cuestión: dónde radica el poder, cuando no se reconoce a quien está en el trono —José Bonaparte— porque se ha forzado la abdicación del regente Fernando VII retenido en Bayona. Y también un marco: la crisis del despotismo y el auge del liberalismo, paso previo en nuestra historia al desarrollo de la democracia. En pleno apogeo de la Ilustración, no se sostiene la designación divina del monarca, por lo que la soberanía divina inicia su tránsito conceptual hacia la soberanía nacional. Lo primero y fundamental para que esto pueda darse es el reconocimiento de la ciudadanía, condición del sujeto del estado moderno. Aún cuando sus parámetros puedan resultar reduccionistas desde la perspectiva actual, cabe reconocer el avance que supusieron en su momento. Cierto es que estamos hablando de un ciudadano todavía con reminiscencias clasistas, lo que seguramente se explica por el miedo a la inestabilidad que podía producirse si cualquier individuo, sin preparación ni tradición a cuestas, incidía en el modo de gobierno. De ahí que en muchos casos, en los primeros pasos de los nuevos estados, todavía se considere ciudadano al sujeto que reúne ciertos privilegios adquiridos, propiedad y educación. Sin embargo, repetimos, estamos ya ante un inicio de sufragio universal que, como bien es sabido, irá ampliando progresivamente sus límites. En la Constitución de Cádiz, se estipula que el sufragio universal es masculino, atañe a mayores de 25 años y es indirecto. La representación que la delegación de poderes vehiculó en las Cortes de 1810 no era estamental y, salvo excepciones, tampoco de una ciudad.[1] Pensemos que no son tan lejanas las Declaraciones que, tanto en Francia como en Estados Unidos,  han comenzado a reconocer la igualdad de derechos de todos los seres humanos, la existencia de unos derechos naturales y la conveniencia y necesidad de que pasen a ser reconocidos como civiles, es decir, como miembros de la sociedad.[2] Los derechos civiles que les otorga su calidad de ciudadanos son garantía de libertades como la de palabra, pensamiento y creencia, pero también el derecho a la propiedad y la suscripción de contratos, además de la igualdad ante la ley. Recordemos, como ejemplo, que el índice de libros prohibidos fue vigente hasta 1808. La consideración de ciudadanía es, en el fondo, un hito en la madurez del individuo y de la sociedad. Cómo se concreta esta ciudadanía, cuáles son sus implicaciones fácticas, cuáles son los derechos y cuáles los deberes del ciudadano, es algo que debe irse revisando y reformulando al compás que cambian las circunstancias y, por ende, las sociedades. Qué es ser ciudadano de una democracia comparte con la propia democracia, una dimensión axiológica y ética que hace que deba «ser propuesta como objetivo constante y proceso siempre abierto en el tiempo».[3] Escuchar a las minorías Pero el bicentenario de la Constitución de Cádiz no es el único significativo en este momento. Los estados iberoamericanos andan de lleno en la preparación y celebración de los bicentenarios de sus respectivas independencias. Cabe decir que dichas conmemoraciones están íntimamente vinculadas con la del bicentenario de la Pepa, más allá de toda aparente paradoja que pudiera intuirse, ya que mientras se gesta la Constitución, lo que se está dando en la España de ultramar es un movimiento de independencia. De algún modo podría decirse que la España peninsular llega tarde con respecto a las necesidades de los españoles americanos, cansados de explicar sin ser escuchados. «Las grandes preocupaciones que plantearon los diputados americanos que fueron la libertad de comercio, la esclavitud, el sistema fiscal y la consecución de una actitud indulgente y negociadora con los insurrectos, fueron prácticamente obviados».[4] Y eso generó un malestar que alentó los procesos de insurrección. En absoluto cuestionamos la conveniencia u oportunidad de que las poblaciones americanas lograran su independencia; hay muchas razones que respaldan que así fuera. Cierto es que en 1820 Rafael del Riego comienza el movimiento que culminará en el Trienio Constitucional, y retoma una idea de los liberales doceañistas: «que un régimen libre, es decir, la reimplantación del régimen constitucional, ayudaría a mantener la unión entre la España peninsular y los pueblos americanos». Como en la declaración de la Regencia de 14 de febrero de 1810 había quedado reconocido, los españoles americanos habían sido elevados a la «dignidad de hombres libres», pero las medidas de representación seguían denotando desigualdad. Más que intencionalidad, esta actitud tal vez se debiera al desconocimiento que se tenía en la Península acerca de la población americana, desde algo tan fundamental como el propio censo. El caso es que el proceso emancipador era ya irrefrenable, como reconocía Alcalá Galiano cuando en 1820 se declaraba partidario de dar por consumada la Independencia de América.[5] Además, y rehuyendo cualquier connotación fatalista, hay que escuchar las voces que, como Ramón Solís, aseguran que junto con Galiano, muchos otros gaditanos comprendían a los americanos y hasta simpatizaban con ellos. Su insurrección, consideraban, era más contra el mal gobierno absoluto que contra España, y reflejaba la reacción al creciente interés que despertaban en ellos las doctrinas relativas al gobierno popular.[6] Intereses coincidentes, pues, con los constitucionalistas peninsulares. Hay una lección en estos sucesos, pues no es tan distante de nuestros contextos democráticos. Los grupos minoritarios son escasamente escuchados pues su fuerza parlamentaria —en caso de llegar a tener presencia en el Parlamento— es escasa y, por tanto, sus votos apenas cuentan. En los casos en que la diferencia entre partidos mayoritarios es mínima, rápidamente nos apercibimos de cómo, entonces sí, interesa contar con ellos; tanto, como para hacer concesiones a sus deseos particulares. Es una lástima que sólo se vele por la diversidad cuando se necesita de ella para salvar los intereses de la mayoría. Además, puede suceder como de algún modo pasó con los españoles de ultramar: que se llegue tarde, que la distancia entre unos y otros se haya hecho tan grande que ya no interese seguir unidos. Todo el mundo tiene derecho a concebir un modo de vida y a tener la oportunidad de desarrollarlo, siempre que respete a sus conciudadanos. En el fondo, lo que estaba sucediendo en la España peninsular y en la ultramarina respondía al mismo humano anhelo de encontrar estructuras políticas más adecuadas a las personas que estaban existiendo. El referente constitucional El deseo de independencia de las comunidades americanas no obsta para que la Constitución de 1812 sea un referente fundamental para las formulaciones de las propias constituciones de los nuevos estados americanos. «El constitucionalismo no tuvo que lidiar tan sólo con la amenaza y presencia del despotismo, sino que avanzó un paso más en procurar ponerle coto a la anarquía y echar las bases de un nuevo orden político.» Sus  objetivos ya los hemos ido viendo: trasladar la soberanía al pueblo, limitar el poder y garantizar la vigencia de los derechos individuales.[7] Andrés Bello, probablemente el legislador de mayor raigambre americana de la época advertía, influenciado por las ideas de David Hume, acerca de las «abstracciones constitucionales poco atentas a las circunstancias y a la observación del medio y de la historia».[8] Escribía Bello desde la experiencia de las primeras constituciones americanas fallidas, y acerca de los efectos que tenía el considerar los distintos tipos de gobierno sólo en base a las definiciones y sin atender las particularidades de la realidad: «De aquí la duración borrascosa y efímera de algunas instituciones improvisadas, cuyos artículos son otras tantas deducciones demostrativas de principios abstractos, pero sólo calculadas para un pueblo en abstracto, o para un pueblo que careciese de determinaciones especiales que los contrarían o modifican; suposición moralmente imposible.»[9] Estas palabras llegadas desde Chile son de plena vigencia aún cuando nos recuerdan que las Cartas Magnas que definen nuestra ciudadanía, al igual que las instituciones que las articulan, son instrumentos al servicio de los ciudadanos, de los seres que habitan los territorios y conforman juntos un Estado, que no necesariamente un único modo de vivir. Los bicentenarios que se están celebrando a uno y otro lado del Atlántico son una oportunidad para rememorar algunos de los procesos recientes que han sido necesarios para el desarrollo social y político de la libertad humana. Y para tomar conciencia de que ese desarrollo hoy plantea nuevos horizontes y retos, a los que habrá que intentar dar respuesta por coherencia con el valor de la vida humana.   Natàlia Plá y Diego López-Luján Con la colaboración de Rodrigo José Clemente, Beatriz Hidalgo, Salvador Pellicer y Jorge Rodríguez Díez.


[1] V. Ramos Santana, A., «La Constitución de 1812 y los americanos: de la representación a la emancipación.» En: Álvarez Cuartero, I., Sánchez Gómez, J. (Eds.), Visiones y revisiones de la independencia americana. La Independencia de América: la Constitución de Cádiz y las Constituciones Iberoamericanas. Salamanca, 2007, pág. 97.
[2] V. Paine, T., Derechos del hombre. Madrid, 1984, pág. 65-66; Arendt, H., Sobre la revolución. Madrid, 1988, pág. 32-33.
[3] Bobbio, N., El futuro de la democracia. Madrid, 1985, pág. 9.
[4] V. Ramos Santana, A., op. cit., pág. 107.
[5] V. Ibíd., pág. 87.
[6] V. Solís, R., El Cádiz de las Cortes. La vida en la ciudad en los años 1810 a 1813. Madrid 1969, pág. 455.
[7] V. Botana, N.R., «Las transformaciones del credo constitucional». En: Annino, A.; Guerra, F-X. (coords.), Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX. México, 2003, pág. 654.
[8] V. Ibíd., pág. 656-657.
[9] Bello, A., «Filosofía del entendimiento». En: Obras completas, vol. III, p. 527. Citado en Botana, op. cit., pág. 656.

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