El Estado español resarce a los descendientes de los judíos sefardíes

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El Estado español restituirá la nacionalidad española a los descendientes de judíos sefardíes expulsados de la península ibérica hace cinco siglos, y no les obligará a renunciar a su otra nacionalidad sea cual sea su actual país de origen. Hasta ahora, la legislación española sólo reservaba el beneficio de la doble nacionalidad a ciudadanos latinoamericanos y de otras excolonias como Filipinas. Pero con esta decisión el gobierno ha querido resarcir una injusticia histórica.

Las personas que soliciten la nacionalidad española deberán acreditar su origen sefardí y una especial vinculación con el país. Esa condición podrá ser certificada por un funcionario, la autoridad rabínica competente y la Federación de Comunidades Judías de España. Se calcula que hay más de dos millones de judíos sefardíes en el mundo y que miles de personas, fundamentalmente en Turquía, el norte de África y América Latina, podrían beneficiarse de esta nueva ley.

La palabra sefardí proviene del hebreo y significa literalmente “español”, ya que Sefarad es España en hebreo. Los sefardíes son descendientes de los judíos que no quisieron convertirse al catolicismo y fueron expulsados de España en 1492 mediante el decreto de la Alhambra o Edicto de Granada firmado por los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, aunque muchas familias residían en la península ya desde tiempos de los romanos. Muchos de ellos hasta hoy han conservado el idioma y las costumbres ibéricas a lo largo de los siglos.

Las estimaciones de la cifra total de judíos que salieron de la península ibérica son muy dispares, pero los historiadores consideran que pudieron ser entre 50.000 y hasta 200.000 personas. Muchas familias primero fueron a Portugal, pero de allí también fueron expulsados en 1947, y luego se dirigieron hacía capitales como Estocolmo, Estambul, Londres o El Cairo. De hecho, los que se quedaron tampoco tuvieron una vida fácil, muchos a pesar de haberse convertido, fueron más tarde perseguidos y condenados a muerte por tribunales de la santa Inquisición.

El punto VIII de la Carta de la Paz recuerda que “los representantes actuales de las instituciones que han perdurado en la Historia, no son responsables de lo sucedido en el pasado, pues ellos no existían. Sin embargo, para favorecer la paz, esos representantes han de lamentar públicamente, cuando sea prudente, los males e injusticias que se cometieron por parte de esas instituciones a lo largo de la Historia. Así mismo, han de resarcir en lo posible, institucionalmente, los daños ocasionados”. Este es un ejemplo.

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